La Justicia en México
En México la justicia parece ser una utopía. Muchos delincuentes son arrestados frecuentemente, con la misma frecuencia con la que son liberados; en cambio, gente que se ha involucrado accidentalmente en delitos, o a veces, hasta inocentes, terminan como víctimas del poder judicial y del ejecutivo. La procuración de justicia no funciona: no satisface ni a víctimas, ni a acusados.
La gente sabe del mal sistema de justicia que tenemos en nuestro país, por lo que, la mayoría de las veces, las víctimas de delitos no denuncian los agravios. Miguel Carbonell, señala que la cifra negra de los delitos efectivamente cometidos en México alcanza cerca del 75%, es decir, 3 de cada 4 delitos no se denuncian. Del 25% que sí se denuncia, sólo se resuelve, es decir se concluye la investigación ministerial, el 4.55% y termina con la disposición de personas frente al juez el 1.6% de los casos. De cada 100 delitos, sólo el 1.6% termina con una pena para el que supuestamente cometió la falta.
Del conjunto de los detenidos por un delito cometido, al 70% se les agarró en las primeras 24% de la comisión del delito. Después de eso, las posibilidades de su detención son mínimas. Eso habla de la poca capacidad investigativa de las policías, aunada posiblemente, a la corrupción de éstas. Pero además, esto nos lleva a otro fenómeno, que es el de la detención de muchos inocentes y la realización de procesos judiciales irregulares violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos de seguridad jurídica y de protección de la integridad física y moral de las personas a las que se les imponga una pena.
A los policías y a los ministerios públicos se les exige eficiencia, ampliando el número de consignaciones, como si se tratara de una empresa ampliando su productividad, incrementando sus finanzas. No importa si las averiguaciones previas están bien integradas o mal, si los consignados son inocentes o culpables, muchas veces careciendo de la asistencia de la defensoría pública. A los policías se les da un bono, un estímulo por aprehensiones importantes. Un efecto de esto, es que la Ciudad de México, es una de las ciudades con más población penitenciaria en el mundo, siendo en 2006, que el 70% de la gente que ingresa a la cárcel es por delitos menores. Cabe mencionar que la capacitación y eficiencia de policías y ministerios públicos es deficiente.
Usualmente los procesos de consignación, juicio y sentencia se han dado a través de un mecanismo impersonal, con escaso profesionalismo, poco solemne, con secretismo, que realiza simultáneamente varias querellas a la vez, que privilegia la creación de expedientes escritos que más que reconstruir, inventan una historia de lo que fue el hecho delictivo y su narrativa se vuelve prácticamente incuestionables, estando en ocasiones ausente el juez y sólo presente su asistente o alguna autoridad ministerial. En consecuencia, el juez en un 93% no tiene contacto con el acusado y se dedica a la lectura de los expedientes, y a la emisión de sentencias. En 2005, el 95% de los procesados son condenados, sin ver una orden de aprensión, muchos sin la asistencia un defensor de oficio, ni la presencia del juez, estando incomunicados, y a veces, hasta maltratados. El indiciado tiene que probar su inocencia al ministerio público y el juez, no al revés. El 92% de las condenas no se basan en evidencia física. La mayoría de la gente que evita de esos procesos, lo hace por la vía de la corrupción sea o no culpable.
Lo anterior llevó en 2008 al poder judicial a reformarse para transitar a un sistema de audiencias orales que será obligatoria que tiene como límite para su implementación el año 2016. Lamentablemente este cambio no resuelve el problema de la corrupción y la ineficacia por sí sola el abogado penalista Hernando Reyes dice al respecto “la corrupción está a más no poder y la impunidad aumentó. El sistema oral, creo yo, no está diseñado para el tipo de sociedad que tenemos”. Con esto no quiero sugerir la vuelta al sistema anterior, sino apelo a una reforma profunda que capacite y monitoree a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y jueces.
Roberto Hernández, El Túnel [documental], México, 2006, CIDE, visto el 28 de julio del 2014 en: https://www.youtube.com/watch?v=LbB3GpJDJ_M
Roberto Hernández/Geoffrey Smith, Presunto culpable [documental], México, 2011. Abogados con Cámara; Instituto Mexicano de Cinematografía CONACULTA; Fondo para la producción cinematográfica (FOPROCINE).
Miguel Carbonell, Corrupción judicial e impunidad: el caso México en: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2770/4.pdf (consultado el 28 de julio del 2007).
La gente sabe del mal sistema de justicia que tenemos en nuestro país, por lo que, la mayoría de las veces, las víctimas de delitos no denuncian los agravios. Miguel Carbonell, señala que la cifra negra de los delitos efectivamente cometidos en México alcanza cerca del 75%, es decir, 3 de cada 4 delitos no se denuncian. Del 25% que sí se denuncia, sólo se resuelve, es decir se concluye la investigación ministerial, el 4.55% y termina con la disposición de personas frente al juez el 1.6% de los casos. De cada 100 delitos, sólo el 1.6% termina con una pena para el que supuestamente cometió la falta.
Del conjunto de los detenidos por un delito cometido, al 70% se les agarró en las primeras 24% de la comisión del delito. Después de eso, las posibilidades de su detención son mínimas. Eso habla de la poca capacidad investigativa de las policías, aunada posiblemente, a la corrupción de éstas. Pero además, esto nos lleva a otro fenómeno, que es el de la detención de muchos inocentes y la realización de procesos judiciales irregulares violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos de seguridad jurídica y de protección de la integridad física y moral de las personas a las que se les imponga una pena.
A los policías y a los ministerios públicos se les exige eficiencia, ampliando el número de consignaciones, como si se tratara de una empresa ampliando su productividad, incrementando sus finanzas. No importa si las averiguaciones previas están bien integradas o mal, si los consignados son inocentes o culpables, muchas veces careciendo de la asistencia de la defensoría pública. A los policías se les da un bono, un estímulo por aprehensiones importantes. Un efecto de esto, es que la Ciudad de México, es una de las ciudades con más población penitenciaria en el mundo, siendo en 2006, que el 70% de la gente que ingresa a la cárcel es por delitos menores. Cabe mencionar que la capacitación y eficiencia de policías y ministerios públicos es deficiente.
Usualmente los procesos de consignación, juicio y sentencia se han dado a través de un mecanismo impersonal, con escaso profesionalismo, poco solemne, con secretismo, que realiza simultáneamente varias querellas a la vez, que privilegia la creación de expedientes escritos que más que reconstruir, inventan una historia de lo que fue el hecho delictivo y su narrativa se vuelve prácticamente incuestionables, estando en ocasiones ausente el juez y sólo presente su asistente o alguna autoridad ministerial. En consecuencia, el juez en un 93% no tiene contacto con el acusado y se dedica a la lectura de los expedientes, y a la emisión de sentencias. En 2005, el 95% de los procesados son condenados, sin ver una orden de aprensión, muchos sin la asistencia un defensor de oficio, ni la presencia del juez, estando incomunicados, y a veces, hasta maltratados. El indiciado tiene que probar su inocencia al ministerio público y el juez, no al revés. El 92% de las condenas no se basan en evidencia física. La mayoría de la gente que evita de esos procesos, lo hace por la vía de la corrupción sea o no culpable.
Lo anterior llevó en 2008 al poder judicial a reformarse para transitar a un sistema de audiencias orales que será obligatoria que tiene como límite para su implementación el año 2016. Lamentablemente este cambio no resuelve el problema de la corrupción y la ineficacia por sí sola el abogado penalista Hernando Reyes dice al respecto “la corrupción está a más no poder y la impunidad aumentó. El sistema oral, creo yo, no está diseñado para el tipo de sociedad que tenemos”. Con esto no quiero sugerir la vuelta al sistema anterior, sino apelo a una reforma profunda que capacite y monitoree a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y jueces.
Fuentes:
Roberto Hernández, El Túnel [documental], México, 2006, CIDE, visto el 28 de julio del 2014 en: https://www.youtube.com/watch?v=LbB3GpJDJ_M
Roberto Hernández/Geoffrey Smith, Presunto culpable [documental], México, 2011. Abogados con Cámara; Instituto Mexicano de Cinematografía CONACULTA; Fondo para la producción cinematográfica (FOPROCINE).
Miguel Carbonell, Corrupción judicial e impunidad: el caso México en: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2770/4.pdf (consultado el 28 de julio del 2007).
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