Digna Ochoa y Plácido
Digna Ochoa y
Plácido fue una defensora de derechos humanos mexicana sumamente importante y
valiente. Ella nació en Misantla, Veracruz el 15 de mayo de 1964. Nació en el seno de una familia humilde y
numerosa. Fue la quinta de trece hermanos procreados por Eusebio Ochoa López e
Irene Alicia Plácido Evangelista. Estudió la primaria en la Escuela Manlio Fabio
Altamirano, la secundaria en la escuela Ignacio Mejía y la preparatoria en la
escuela Alfonso Reyes. Posteriormente estudió
la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana (1981-1986). Durante
su servicio social se dedicó a asesorar a personas de escasos recursos. Trabajó
tempranamente para la Oficina de Procurador General de Veracruz en 1986, pero
se siempre fue activista y militante de grupos opositores. También trabajó en el ministerio público y en
asuntos agrarios en diversas dependencias públicas veracruzanas entre 1986 y
1987.
En ese año ingresó al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Llevó
varios casos importantes en contra del gobierno, como el de la detención de los
zapatistas de Yanga y Cacaloman en 1995, la masacre de Aguas Blancas (1995), la
matanza de Acteal (1997), la matanza de
10 campesinos en Ayutla por parte del ejército (1998), la violación de dos
mujeres por militares (1998), la
detención de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel
(1999) y la detención de los hermanos Cerezo Contreras y Pablo Alvarado
acusados de atentar contra un Banamex en 2001).
A
la par de su carrera, ingresó en 1989 a
Congregación de Hermanas Dominicas, profesando sus votos en 1993. Los renovó en 1996, pero dejó el Convento en 1999. Viajó a Brasil (1996) y Francia (1997), como
miembro de dicha congregación. En el año 2000 también abandonó el Centro Pro y se refugió, debido a amenazas de
muerte en su contra, en Estados Unidos, de donde regresó al otro año a México. En su estancia en Norteamérica fue reconocida
su labor. El cambio de poder del PRI al PAN en el poder ejecutivo federal
posiblemente haya motivado su retorno. En la presidencia de la República estaba
Vicente Fox Quezada y en la regencia capitalina Andrés Manuel López Obrador.
Siempre corrió muchos riesgos. El 6 de agosto de 1988 fue secuestrada y
violada por –posiblemente- policías estatales. El 29 de septiembre de 1999 fue secuestrada e
interrogada por desconocidos en la Ciudad de México, pero se le preguntó sobre
su relación con grupos guerrilleros. Desde 1995 recibió amenazas de muerte
hasta la fecha en que fue asesinada, el 19 de octubre del 2001. Incluso en el
despacho de Pilar Noriega, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en la
escena del crimen de Digna, se hallaron unas amenazas de muerte a integrantes
del Centro Pro. Dicho homicidio fue
encubierto por las procuradurías del Distrito Federal y la General de la
República bajo la hipótesis “científicamente verificada” de que la defensora de
derechos humanos se había suicidado fingiendo su muerte.
La demostración de la muerte de Digna Ochoa fue irrisoria. Se ignoraron
muchos indicios importantes y significativos en torno a su homicidio: 1) que su
cuerpo tenía moretones que denotaban violencia cometida en su contra), 2) había
un mechón de cabello de ella en el piso de su oficina, un chicle tirado, polvo
blanco esparcido y amenazas en contra del Centro Pro, 3) su cuerpo mostraba
signos de haber tenido dos posiciones post-mortem, 3) se suicidó dando un disparo
a un mueble, a su pierna izquierda y dándose un tiro en la cabeza del lado
izquierdo, cayendo su cuerpo justo hacia ese mismo lado en contra del impulso
que la bala misma le daría a su cuerpo hacia el otro lado; 4) que ella tenía
unos guantes en las manos, pero no mostraba ningún indicio forense de haber disparado un arma de fuego;
5) el arma con la que ella se suicidó no genera por su propia estructura mácula
(lo cual es imposible).
El caso fue reabierto en 2005, por petición y presión de la familia, pero
en 2010 fue ratificada la tesis del suicidio. En 2007 surgió un testimonio
periodístico que vinculó al ex cacique que de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez
con su muerte. Sin embargo, es posible que ésta haya sido ordenada por gente
vinculada con las fuerzas armadas, que las dirigían en aquel entonces. Desde el 2013 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos está revisando el caso de su muerte. La memoria de esta gran defensora no se debe
de perder.
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