El Caso doña Carlota

¿Justicia por su propia mano? México es un país de grandes problemas de criminalidad y vivienda. Datos del 2024 señala que en México hay un índice de impunidad delictiva del 93%. Solamente el 7 % de los crímenes denunciados termina en consignación.[1] Los delitos con mayor impunidad son, la desaparición forzada, la extorsión, el fraude y el homicidio doloso.[2]

En 2024 se registró el número más bajo de construcción de viviendas en una década. Se construyeron: 128,147 hogares.[3] En México hay más de: 35,219,141 viviendas particulares habitadas de acuerdo con el INEGI.[4] La mayoría de las viviendas son pequeñas en nuestro país: el 32% cuenta con un dormitorio, el 42% con dos dormitorios, el 20% con 3 dormitorios, el 5% con cuatro dormitorios y solamente el 2% tiene 5 dormitorios o más. El 53% de ellas tiene piso de cemento, el 43% de madera o mosaico y solamente 4% tiene piso de tierra. Las paredes son en su mayoría de ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto. Esto sucede en un: 92%. Mientras que el restante tiene paredes de: adobe (4%), madera (3%) y de materiales ligeros como lámina, carrizo, bambú, palma, embarre o bajareque (1%). El 79% de los techos son de loza de concreto, pero hay un 17% de lámina, 2% de madera y tejamanil, y 2% de material de desecho, madera, paja y teja. El 99% de las viviendas cuentan con luz eléctrica, 96% cuenta con conexión al drenaje de red pública y el 78% poseen agua entubada.[5] Su antigüedad es la siguiente: el 25% tienen más de 31 años de haber sido construidas; el 21% tiene de 21 a 30 años; el 29% de 11 a 20 años, el 14% de 6 a 10 años y el 9% cinco años o menos. [6]

El 38.4% de los mexicanos vive en una vivienda no adecuada. Sea por hacinamiento, sea por los materiales no duraderos de la casa o sea porque no tiene bien establecidos los servicios de agua y drenaje. El 43.3% de las viviendas que se construyen es fuera de las ciudades, y solamente el 8% se construye en zonas intraurbanas consolidadas. Esto ocasiona un gran impacto ecológico. Además, hay una gran cantidad de viviendas en rezago que requieren reparaciones. Una vivienda nueva es muy difícil de ser pagada. Para una familia pobre le llevaría 33 años pagarla (con subsidio), 47 años pagarla sin subsidio, y le llevaría 120 años pagar una vivienda promedio.[7]

El problema de la vivienda se da con la gentrificación, los desalojos y la especulación inmobiliaria. Un cuarto elemento sería la invasión de predios. El despojo es la usurpación u ocupación ilegítima de un predio o inmueble. En la Ciudad de México entre 2012 y 2014 se presentaron 5 mil 858 denuncias. En el país hay cerca de 6.1 millones de casas en abandono y 46% de los alquileres del país se hacen sin contrato.[8]

El 2 de abril del 2025, en Chalco, Estado de México, doña Carlota N y sus hijos: Eduardo y Mariana N, fueron a desalojar a unos invasores del departamento de su hija. Sucedió en el pueblo de la Candelaria Tlapala, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe en la calle Hacienda La Labor. Mariana ordenó a los invasores salirse por las buenas o las malas. Los invasores argumentaron tener un contrato de renta por Facebook. Así que la acción siguiente fue la desenfundar dos armas de fuego por parte de Carlota y Eduardo. Carlota mató a un adulto de 51 años de edad (Essaú Márquez) y su hijo de 19 años (Justin Márquez). Su hijo hirió a un adolescente de 14 años. Las investigaciones judiciales determinaron que la propiedad invadida, efectivamente pertenecía a la hija de Carlota de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.[9]

Doña Carlota tiene otro hijo que fue diputado del PRD y que fue detenido el 7 de marzo del 2019 por disparar ebrio un arma de fuego al aire en la calle en la alcaldía de Iztapala: Arturo Santana Alfaro.[10] Una familia adicta a las armas de fuego y al ejercicio del poder. Pero tampoco los invasores eran blancas palomas, uno de ellos exhibía fotos en Facebook portando armas de fuego. Uno de los supervivientes al ataque: Cristian N es el detendador de armas. Se sabe que su familia está ligados a un grupo invasor de predios: Sindicato 22 de octubre. El líder de dicho grupo delictivo es Christian Jesús Castillo Grimaldo, sexto regidor del municipio de Chalco, dirigido por la morenista: Abigail Sánchez Martínez. Dicho, líder, Christian, es apodado el “Jimmy”. Está ligado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), que aglomera a la Chokiza y al Sindicato Bicentenario, grupos de extorsionadores y narcomenudistas que opera en el Oriente de la Ciudad de México y de municipios del Estado de México. Guillermo Fragoso es líder de la USON, y apoyó a la candidatura de Omar García Harfuch, quien es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Scheinbaum.[11] Dos grupos enfrentados: uno con una vivienda a la que tienen derechos, pero con un perfil delicuencial. La otra, gente con necesidad de vivienda y también un perfil delicuencial. Ciertamente la hija de Doña Carlota merecía su vivienda de vuelta, ¿pero a costa de la vida de otro? Por el otro lado, la impunidad y corrupción asistían a los invasores, quizá Carlota nunca hubiera recuperado esa propiedad. La recuperó, estando en la cárcel. También se sabe que su hija había interpuesto una denuncia penal por desalojo y que las autoridades no hicieron lo debido. Carlota y su familia tomaron la justicia por su propia mano, ahora no podrán gozar de la propiedad a la que tenía derecho. Dos de los invasores ni siquiera conservaron la vida. De los demás invasores no se sabe si van a pisar la cárcel por el delito de despojo o no. Mientras, en el funeral de los caídos, hubo disparos con armas de fuego de sus deudos. Los criminales despidiendo a criminales. Por último, tenemos un gobierno ineficiente, coludido y corrupo. Un gobierno criminal y ciudadanos criminales de un México donde el abuso y el crimen es la norma… Viva México.